El Consejo de Consumidores y Usuarios ha publicado un manifiesto en el que reclama una intervención más efectiva de los poderes públicos para la protección adecuada de los consumidores y compradores
En el marco de la celebración del Día Mundial de los Derechos de las Personas Consumidoras, el Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) ha publicado un manifiesto con una serie de demandas.
La principal es la solicitud a los poderes públicos de una mejor intervención para poder asegurar la protección de los compradores a través de la aprobación urgente del proyecto de Ley de los Servicios de Atención a la Clientela. Desde la CCU califican esto como una “reivindicación histórica, ya que en la actualidad la mayoría de los servicios de atención al cliente de las empresas adolecen de falta de calidad, transparencia, accesibilidad y eficacia”.
Otra de las demandas es la puesta en marcha de la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero, ante la falta de eficacia de entidades como el Banco de España, la CNMV o la Dirección General de seguros. Se quiere eliminar el límite de 20.000 euros para que las resoluciones sean vinculantes para la banca.
Se pide una mejora en la rapidez de la transposición de la Directiva sobre acciones de representación colectiva, la posibilidad de reparación para los usuarios dentro del proceso sancionador a las empresas y el incremento de la vigilancia de las prácticas colusorias y abusivas que puedan darse en el mercado.
Otras medidas que el Consejo de Consumidores y Usuarios considera necesarias son la dotación de recursos suficientes al Ministerio Fiscal para actuar en el ámbito del consumo -y proteger a los consumidores- y el desarrollo de políticas públicas que contribuyan a salvaguardar el derecho a una vivienda digna. Sobre esto, la Nueva Ley de Vivienda en España supone un paso significativo hacia la protección efectiva del derecho que, de acuerdo con la CCU, debe ser completado con la creación de un parque público de vivienda en alquiler que frene la subida de precios.
Con el objetivo de superar la brecha digital, se solicita la inclusión tecnológica de todas las capas sociales, así como la inclusión de medidas que mitiguen el impacto del alza de los precios en la cesta de la compra.
Por último, se pide un sistema de inspección y sanciones efectivo que prevenga y disuada a las empresas de infringir la normativa de protección de los consumidores -tanto por la cuantía de las penalizaciones como por el impacto que su divulgación pueda acarrear en su reputación empresarial- y soluciones para el sobreendeudamiento de las familias, problema agravado por la crisis derivada de la pandemia, el incremento del coste de vida y la evolución del mundo del crédito, haciendo hincapié en los llamados ‘créditos rápidos’.
El CCU reclama una intervención pública más eficaz para proteger a los consumidores
